Uno de los aspectos cruciales que se aborda en el ámbito legal, previo a la realización de cualquier acto que implique la manifestación de voluntad, es la capacidad de las personas para disponer de sus bienes, particularmente cuando alcanzan una edad avanzada. En este contexto, el certificado de salud mental se convierte en una herramienta indispensable para garantizar que las decisiones patrimoniales sean tomadas de manera consciente, con discernimiento propio y sin ningún tipo de coacción o vicio alguno en su consentimiento.
¿Qué es el Certificado de Salud Mental?
El certificado de salud mental es un documento expedido por un profesional de la salud, médico idóneo (generalmente un psiquiatra) que acredita, luego de haber realizado una evaluación clínica al paciente, que dicha persona se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y cognitivas.
A medida que una persona envejece, pueden surgir problemas degenerativos o de salud mental, como la demencia o el Alzheimer, que afecten su capacidad para comprender la magnitud de sus actos. En muchos países, la capacidad legal para disponer de bienes está directamente relacionada con el estado mental del individuo, lo que implica que, si una persona no está mentalmente apta, sus actos legales, como la venta, traspaso de propiedades a cualquier título o el otorgamiento de un testamento, podrían ser objetos de impugnación.
Por ello, el certificado de salud mental es clave para validar la capacidad legal a la hora de tomar decisiones patrimoniales, ya que asegura que la persona de edad avanzada ha actuado libremente y con conocimiento pleno de las consecuencias de sus actos, protegiéndola de posibles abusos o manipulaciones por parte de terceros.
En este sentido, el certificado cumple una doble función: protege tanto al individuo como a su patrimonio. Sin esta validación médica, los actos realizados podrían ser cuestionados y, en casos extremos, anulados. Esta certificación brinda seguridad jurídica, garantizando que las decisiones no sean fruto de confusión, deterioro cognitivo o influencia indebida.
Además, en el contexto de los testamentos, fideicomisos o cualquier otro tipo de instrumento jurídico para la planificación patrimonial, contar con este certificado puede evitar disputas legales entre los herederos y asegurar que la voluntad del propietario o testador sea respetada conforme a sus deseos, evitando largos litigios y posibles desacuerdos familiares.
En Panamá, los Notarios exigen la presentación del certificado de salud mental a todas aquellas personas mayores de 70 años que deseen disponer de sus activos u otorgar testamento. Lo anterior no es óbice, para que una persona menor de 70 años, pero que presenta alguna enfermedad degenerativa (i.e. Parkinson), requiera también un certificado de salud mental.
Si bien dicho certificado no siempre es un requisito, éste se vuelve esencial en las siguientes circunstancias: i) otorgamiento o modificación de un testamento; ii) donación de bienes; iii) traspaso de activos.
Tanto para evitar abusos como para proteger la validez de las decisiones patrimoniales, el certificado de salud mental proporciona una garantía jurídica ante eventuales controversias, llegando a ser un elemento clave en la planificación patrimonial responsable y debe ser considerado seriamente por quienes estén próximos a tomar decisiones importantes sobre su patrimonio.
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