El Impuesto de Seguro de Prima en Panamá es mucho más que una obligación fiscal:
Se ha convertido en un instrumento fundamental para garantizar ingresos al Estado, regular al sector asegurador y, al mismo tiempo, promover la accesibilidad a servicios de protección para la población.
En términos generales, las primas brutas de seguros sobre riesgos asumidos en Panamá tributan con una tasa del 2%, mientras que las pólizas de seguro contra incendio y sus renovaciones pagan un 7%. También existe un impuesto del 5% sobre ciertas primas brutas, aunque con exenciones específicas como los seguros de vida con valor de rescate, las pólizas de incendio y los seguros agropecuarios.
El Código Fiscal no solo fija estas tasas, sino que también establece obligaciones formales para las aseguradoras, como la presentación de una declaración jurada anual y el cumplimiento de plazos de pago diferenciados según el tipo de seguro. Estos mecanismos refuerzan la transparencia en la recaudación y aseguran un mayor control sobre la actividad del sector.
La estructura diferenciada del impuesto, con tasas variables y exenciones estratégicas, responde a un enfoque de equilibrio: permite que los seguros esenciales sigan siendo accesibles, fomenta la contratación y contribuye al fortalecimiento de la cultura de aseguramiento en Panamá, al tiempo que asegura ingresos sostenibles para el Estado.
En definitiva, el Impuesto de Seguro de Prima cumple una triple función —recaudatoria, regulatoria y de fomento económico— que lo convierte en un modelo interesante en la región. Su diseño refleja cómo una política tributaria bien pensada puede apoyar tanto la supervisión del sector como el desarrollo económico y la inclusión financiera.
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